Un juez de Brasil se perfila como objetivo de las restricciones de visados de EE UU por supuesta censura

El juez brasileño Alexandre de Moraes, que ordenó cerrar X en 2024 e instruye el caso por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro, es un firme candidato a verse afectado por las medidas de EE UU para castigar a los extranjeros que considera que censuran. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, anunció este miércoles que vetará la concesión de visados a “responsables de la censura contra la libertad de expresión protegida en Estados Unidos”, sin detallar mucho más. La semana pasada él dijo ante el Congreso que existía “una gran posibilidad” de que el magistrado del Tribunal Supremo brasileño fuera sancionado. Imponer un castigo al juez Moraes supondría una intervención directa de la istración de Donald Trump en el pulso que mantiene el clan Bolsonaro con Moraes y podría convertirse en una crisis diplomática para Brasil.

Rubio ya dejó claro, en su comparecencia parlamentaria de la semana pasada, que considera que Moraes adopta decisiones que suponen una persecución política del ultraderechista Bolsonaro y el clan que lidera. El juez brasileño respondió, este lunes, a la amenaza del secretario de Estado de EE UU con la apertura de una investigación contra Eduardo Bolsonaro, el hijo diputado del exmandatario que dejó su escaño para instalarse en EEUU y hacer lobby a favor de su padre. Los Bolsonaro han apostado en Trump para intentar neutralizar los múltiples problemas judiciales en los que están inmersos.

En la investigación abierta por Moraes, el juez brasileño más poderoso y mediático acusa al tercer hijo de Bolsonaro de intentar intimidar al tribunal desde EE UU. El juez ha autorizado al acusado a que declare por escrito desde aquel país, pero a su padre lo quiere interrogar en persona para averiguar si está financiándole la estancia allí. Es el capítulo más reciente en el prolongado pulso Bolsonaro-Moraes.

Mientras, avanza en el Tribunal Supremo, en Brasilia, el juicio contra Bolsonaro. Los jefes de las Fuerzas Armadas y otros altos mandos militares están desfilando como testigos ante los jueces para ofrecer su testimonio en un proceso en el que Bolsonaro es enjuiciado con algunos de sus más estrechos colaboradores en la Presidencia. Están acusados de varios delitos, incluido, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, que pueden sumar más de 40 años de cárcel. La fiscalía los acusa de planificar diversos movimientos, incluido el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de su vice, Geraldo Alckmin, y del propio juez Moraes, para desobedecer el resultado de las urnas en 2022 y que el derrotado Bolsonaro siguiera en el poder.

Sometido a un cerco judicial cada vez más estrecho, Bolsonaro ha desplegado una doble estrategia: buscar el apoyo Trump desde que este fue elegido presidente de nuevo e impulsar en el Congreso de Brasil, a través de su partido, una ley de amnistía para los implicados el asalto a los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023.

Uno de los testimonios más dañinos para el expresidente, entre los recabados hasta ahora en el juicio, es el del general que dirigía la Fuerza Aérea, Carlos Baptista Júnior. Declaró que, en una reunión a la que Bolsonaro convocó a la cúpula militar, se habló de detener al juez Moraes, que entonces presidía el tribunal electoral. También contó que él estaba convencido de que las elecciones, que Bolsonaro perdió frente a Lula, habían sido limpias y que así se lo hizo saber al jefe del Estado.

El general Baptista confirmó que uno de sus colegas, el jefe de la Marina, que también se sienta en el banquillo, ofreció a sus marineros para respaldar los planes golpistas de Bolsonaro.

La posibilidad de que EE UU pudiera sancionar a Moraes flotaba en el ambiente desde hace meses, pero empezó a adquirir consistencia la semana pasada, cuando Rubio, el secretario de Estado, confirmó en una comparecencia ante el Congreso, que sancionar a Moraes estaba sobre la mesa: “Eso está en este momento bajo análisis, existe una gran posibilidad de que ocurra”, respondió a preguntas de un republicano aliado de los Bolsonaro.

El republicano pintó un sombrío panorama en la potencia latinoamericana. Apuntó que Brasil sufre “un alarmante declive de los derechos humanos”, “censura generalizada” y “persecución política contra la oposición, periodistas y ciudadanos comunes”. Con esas declaraciones Washington da un aval diplomático a las tesis que el bolsonarismo viene ventilando desde hace años contra el juez Moraes, al que el Brasil institucional considera el gran salvador de la democracia ante los embates de Bolsonaro y compañía, incluso si ve ciertos excesos en sus decisiones.

Al anunciar las restricciones de visados, el Departamento de Estado criticó tanto a los jueces extranjeros que a su juicio que censuran a ciudadanos estadounidenses como a las plataformas tecnológicas que moderan contenidos, de modo que disgusta a Washington.

La prensa brasileña había apuntado hasta ahora que el instrumento que utilizaría EE UU para sancionar al juez Moraes sería la ley Magnitsky, que lleva el nombre de un abogado ruso y fue aprobada para castigar a autoridades extranjeras a las que Washington considera culpables de corrupción o de graves violaciones de derechos humanos. Implica el veto a entrar en EE UU y la congelación de bienes allí.

La Presidencia y la cancillería no han respondido públicamente mientras evalúan la situación. Para Brasil la soberanía es intocable. El Gobierno quiere arropar al Supremo, pero también mantener tendidos los puentes con Washington para negociar y aminorar el impacto de la guerra arancelaria.