El traslado de los murales de Sijena pone a prueba el código ético de los restauradores

El próximo lunes, 20 días después de trascender la sentencia del Tribunal Supremo, el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) manifestará por primera vez su posición acerca de la decisión judicial que le obliga a restituir las pinturas románicas rescatadas del monasterio de Villanueva de Sijena en 1936. En la reunión se expresarán sus patronos, entre los que se encuentran la Generalitat y el Ministerio de Cultura, que han expresado su deseo de acatar y ejecutar la sentencia, pese a que el Gobierno catalán ha defendido durante una década de juicios el riesgo de daños irreparables que entraña la operación, que el Gobierno de Aragón reclama. A falta de una posición oficial de su cúpula, el MNAC ha defendido argumentos técnicos para defender que los murales del siglo XIII sigan en Barcelona, poniendo ante las cámaras y los micrófonos a su jefa de Restauración y Conservación Preventiva, Carme Ramells, quien apuntó que el traslado iba a poner en marcha “una bomba de relojería” que amenazaba los trabajos.

Esa posición expresada por Ramells, mudada en un dilema ético que afecte al resto de su equipo, puede chocar con la ejecución de la sentencia del Supremo. “El conservador-restaurador tiene el derecho en todas las circunstancias a rechazar cualquier petición que crea que es contraria a los términos o espíritu de este código”, apunta el código ético aprobado por ECCO, la Confederación Europea de Organizaciones de Conservadores-Restauradores, y que asumen las organizaciones española y catalana. Los especialistas del MNAC, que tienen bajo su tutela una de las colecciones más relevantes del arte románico, más allá de la explicación técnica de su jefa de equipo, no han ofrecido todavía su posición acerca del dilema que se les abrirá una vez tomada la decisión definitiva del patronato. También su comité de empresa ha preferido optar por el silencio hasta ahora.

“Los profesionales tienen la responsabilidad de anteponer la integridad de los bienes culturales a cualquier tipo de presión externa, ya sea política, institucional o económica”, apunta Jorge Otero, investigador del Departamento de Artes y Conservación de la Universitat de Barcelona y miembro del comité internacional de expertos de pintura mural (ISCMP) de ICOMOS, en una respuesta por correo electrónico en la que subraya que se trata de una opinión personal. Para él, “no se puede ni se debe obligar a un técnico a ejecutar un traslado si este considera, con base en su conocimiento y experiencia, que existe un riesgo para la conservación del bien”, añade Otero.

Pese a ese automandato profesional, la Catedrática de Derecho istrativo de la Universitat Autònoma de Barcelona, Marta Franch, considera que el código ético de la organización “no es una norma vinculante”. También desgrana José Antonio González Espada, abogado del Col·lectiu Ronda, que esa cláusula de conciencia tan clara en profesiones como la sanitaria es de difícil aplicación en el ámbito de la restauración: “De negarse, los trabajadores se exponen a sanciones y a despidos, por lo que aconsejamos que dejen de manifiesto su oposición a la orden”.

De hecho, el debate, según Franch, va más allá de esa cláusula de conciencia, esa facultad reconocida en algunos ámbitos profesionales a negarse a hacer un acto obligado porque va en contra de sus convicciones. La cuestión, dice Franch, es que el daño de unas obras catalogadas como las de Sijena pueden derivar también en una vía penal e incluso en un caso de prevaricación, a sabiendas del riesgo que conlleva su desmontaje, transporte y posterior montaje. ¿Y sobre quién recaería esa responsabilidad? “Sobre la institución y quien da la orden”, dice, asumiendo que duda que haya en Cataluña “restauradores que defiendan que se pueden trasladar los trabajos, porque te puedes encontrar en un problema: hay una responsabilidad”.

El debate de Sijena parece incomodar a los técnicos de conservación, que se creen envueltos en una batalla política. “El enfado de la profesión proviene del uso político que parece estar haciéndose del patrimonio cultural. El gasto acumulado y la preocupación mostrada en este caso por los agentes políticos debería evidenciarse cada día, lo que por desgracia no ocurre. Lo demuestra la escasa inversión pública en conservación y protección. Y por tanto, a la profesión le parece por momentos que se está haciendo un uso espurio de la herencia colectiva”. La afirmación es de Fernando Carrera, un histórico del sector, exdirector de la Escuela Superior de Conservación de Galicia y miembro de la asociación española ACRE. Como Otero, subraya que es su opinión, no la de la institución.

Cómo ejecutar la sentencia

La Generalitat tenía la opción de pedir una aclaración de sentencia y lo más probable es que pida un incidente de ejecución, para asegurarse quién y cómo debe asumir la responsabilidad del traslado. En opinión de Franch, el Ministerio de Cultura podría encargar algún informe que validara la tesis de la imposibilidad de realizar el traslado por los riesgos que corre. No sería la primera vez que el Gobierno encarga un informe de esas características, ya lo hizo hace tres años para analizar el estado de las tres damas ibéricas (de Elche, de Baza y del Cerro de los Santos) del Museo Nacional de Arqueología, que allí siguen por su demostrada fragilidad ante una relocalización museística. Pero en esta ocasión el ministro Ernest Urtasun, como el presidente catalán Salvador Illa, ya ha manifestado su intención de ejecutar la sentencia del Supremo, pese a que los grupos que los apoyan han suscrito declaraciones que defienden la permanencia de las obras medievales en Barcelona, en aras a su seguridad.

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Huesca ya paralizó el traslado de los murales de Sixena en 2016. Jugó a favor de la Generalitat entonces el hecho de que la sentencia todavía no era firme y que no se había acreditado que el monasterio de Sijena hubiera concluido las obras de reforma que tenían que garantizar las condiciones necesarias para recibir y preservar en condiciones los murales románicos.

Entonces, el perito Guillermo Torres, restaurador por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid, en el juicio a instancias del Gobierno de Aragón, elaboró “un plan de viabilidad” del traslado —recoge la sentencia— y abogaba por crear un protocolo de desmontaje y manipulación, itiendo “los riesgos de la operación”. Por si las obras padecían daños en ese traslado y luego tenían que volver a Barcelona, el MNAC pidió al Gobierno de Aragón una garantía de 150 millones de euros. Esa solicitud no llegó a cuajar, pero pudo poner valor a lo que está en juego.