Madrid reconoce haber pagado más de 5.000 millones de euros a los hospitales de Quirón en seis años de Gobierno de Ayuso

28 de mayo de 2025. Isabel Díaz Ayuso preside la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Sobre la mesa, cuatro sentencias judiciales a favor de Quirón, la empresa que istra cuatro hospitales públicos de gestión privada clave para la región. Hay que pagar 44 millones de euros por pleitos que se arrastran desde 2015. Al hacerlo, el Gobierno añade un ladrillo más al laberinto istrativo y judicial que lleva años dificultando que se sepa cuánto le paga a este transatlántico sanitario por atender a los madrileños. Hasta ahora. Entre 2019 y 2024, el Ejecutivo que preside Ayuso le pagó 5.036 millones a Quirón, según información remitida a EL PAÍS por José Nieves González, consejero delegado de la Agencia de Contratación Sanitaria, en aplicación de la ley de transparencia.

“Este modelo de gestión nos sale carísimo a los madrileños”, lamenta Marta Carmona, diputada de Más Madrid en la Asamblea regional. “En opacidad, en racaneo presupuestario a los hospitales de gestión directa [los puramente públicos] y en la millonada que se nos va en la empresa favorita de la consejería de sanidad”, detalla, en referencia a Quirón. Y remata: “No quieren arrojar luz sobre cuánto cuesta a los madrileños un sistema pensado para lucrar el negocio de algunos ciudadanos particulares que parasita la asistencia sanitaria de todos los madrileños”.

Esto contrapone un portavoz de la Consejería de Sanidad: “La fiscalización es exhaustiva, y pasa numerosas auditorías. Cámara de Cuentas incluida. Los gastos son similares a otros hospitales públicos de similares características. Sus pacientes muestran una gran satisfacción”.

La relación entre la Comunidad de Madrid y Quirón es objeto de una triple polémica. De un lado, por ser ejemplo paradigmático de la colaboración público-privada en sanidad a través de la Fundación Jiménez Díaz de la capital (que opera con un convenio singular), el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, el Infanta Elena de Valdemoro y el Hospital General de Villalba (donde todos los servicios son operados por Quirón en régimen de concesión).

Del otro, porque el conglomerado recibe miles de millones del Gobierno de Madrid a través de Quirónsalud, y ha sido, a través de Quirónprevención, el principal cliente de la empresa del novio de la presidenta regional, Alberto González Amador, investigado judicialmente por sus negocios durante la pandemia. Ese caso ha puesto bajo los focos la relación del empresario con uno de los directivos del grupo, y ha llevado a la imputación de la pareja de este.

Y, finalmente, por la opacidad de un sistema en el que los pagos tardan años en producirse, y son sujeto de constantes pleitos istrativos y judiciales, lo que provoca las quejas de la oposición sobre la dificultad para obtener datos de gasto e inversión por parte de la Comunidad de Madrid.

Por ejemplo, los pagos anuales itidos en la comunicación remitida a este diario no concuerdan con los recogidos para los mismos hospitales y los mismos años en las Cuentas de los Entes del Sector Público con presupuesto de gastos limitativo (SERMAS) que audita la Intervención regional. Pese a esa discrepancia en los pagos anuales, los totales del periodo analizado para esta comparativa (2019-2023, pues aún no están disponibles los datos de 2024) apenas se diferencian en un millón de euros.

“Lo que está claro es que la financiación de estos hospitales es opaca y la rendición de cuentas también lo es, lo cual alimentan las sospechas de un trato de favor escandaloso”, lamenta José Manuel Freire, exconsejero de Sanidad en el País Vasco, exdiputado del PSOE en la Asamblea de Madrid y profesor emérito del departamento de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad. Esa falta de transparencia se refleja también en la respuesta enviada a este diario, en la que se omite la información solicitada sobre el motivo de los pagos (cuánto se debe al canon anual que paga la istración, cuánto a pacientes atendidos por libre elección...); los pagos pendientes de realizar por estar sujetos a litigio; y el motivo por el que aún no se han hecho.

La oposición, además, se queja de que las empresas privadas han conseguido maximizar económicamente su relación con el sistema sanitario público de Madrid, entre otras cosas abriendo mañana y tarde sus consultas y quirófanos para facilitar la afluencia de pacientes, o especializándose en las afecciones y procesos de mayor rentabilidad.

La libre elección que se aplica en la región permite que los pacientes elijan el hospital al que acuden. Como cada hospital tiene una población adscrita, atender a un enfermo de otro centro se cobra. Si la instalación es pública, el dinero va a una caja común. Si es de gestión privada, a sus cuentas. Esa diferencia alimenta un círculo virtuoso a favor de las empresas sanitarias que operan en el sistema sanitario público: a más pacientes externos, más dinero; a más dinero, mejores instalaciones y menos listas de espera; a mejores instalaciones y menos listas de espera, más pacientes externos.

Además, esa facturación intercentros solo existe entre los hospitales de gestión privada y los de gestión pública. Así, no se da entre los hospitales de gestión pública.

Finalmente, la Comunidad le paga anualmente a Quirónsalud por los servicios prestados de acuerdo a unas tarifas establecidas en un convenio con la Jiménez Díaz. Con el resto de centros hay un pago de base, y luego una facturación por uso que se somete a posteriori a un triple examen, según la istración, y suele ser el origen de los litigios.

La fórmula no ha favorecido únicamente a Quirón. El hospital de Torrejón, que opera el grupo Ribera Salud, obtuvo 589 millones en el mismo periodo, según los datos del gobierno. En total, son casi 6.000 millones en seis años para cinco hospitales de gestión indirecta. Una factura que, previsiblemente, seguirá creciendo con carácter retroactivo.

Así, una fuente conocedora del pulso soterrado que disputan la istración y los hospitales señala que la facturación del ejercicio 2024 no está cerrada, y que hay pleitos pendientes de resolución. Sin embargo, otros muchos se han cerrado ya. La deuda oculta de Madrid con los cuatro hospitales de Quirón se ha reducido a toda velocidad con Ayuso en el poder: de 1.000 a 455 millones.