La UCO, en la telaraña de la política

La Unidad Central Operativa (UCO), el buque insignia de la Guardia Civil en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, fue creada a finales de los años ochenta por el Gobierno socialista de Felipe González. Arrancó con un reducido número de agentes que comenzó a darse a conocer al resolver casos mediáticos como el crimen de las niñas de Alcàsser o el secuestro de la farmacéutica de Olot. Desde entonces, muchas cosas han cambiado en esta unidad. Hoy son más de 700 efectivos y sus siglas se repiten una y otra vez en los titulares de prensa. Eso sí, ya no sólo por resolver sucesos como los asesinatos de Diana Quer, el niño Gabriel o los dos agentes de Barbate, sino sobre todo por participar en investigaciones con un importante calado político.

Agentes de la UCO intervienen actualmente en las pesquisas del caso Begoña Gomez, en el que está imputada la esposa del presidente del Gobierno; el caso Koldo, que tiene contra las cuerdas al exministro socialista José Luis Ábalos; la causa en la que se investiga la supuesta contratación irregular del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz y la que tiene en el foco al fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, entre otras. En todos ellos, salvo la investigación sobre Ábalos, por encargo directo de los jueces que los instruyen: Juan Carlos Peinado en el caso de la mujer de Sánchez; Beatriz Biedma en el del hermano, y Ángel Hurtado en las pesquisas sobre el fiscal general. Atrás quedan otras investigaciones sonadas, como los casos Púnica, Lezo, Erial o Taula que salpicaron a conocidos dirigentes del PP; la Operación Pretoria, que afectó a la antigua Convergència; o el de los ERE, que sacudió al PSOE en Andalucía.

Sin embargo, en los últimos días el terreno de juego en el que se desenvuelven las noticias sobre las investigaciones de la UCO es diferente. Desde que El Confidencial sacara a la luz la grabación en la que la militante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset intentan convencer a un investigado por la Guardia Civil para que les facilite información comprometedora contra uno de sus mandos, el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción encargado de los cuatro casos que afectan al Gobierno. Desde entonces, el nombre de la unidad ha caído en una telaraña política en la que unos la presentan como víctima de una conspiración y otros apuntan a algunos de sus integrantes en supuestas maniobras contra el Gobierno.

Algunos medios se han hecho eco de acusaciones de fuentes anónimas que señalan a algunos de sus agentes como los responsables de filtrar presuntamente los mensajes de WhatsApp intercambiados entre Sánchez y Ábalos; de iniciar pesquisas por intereses políticos, o de propagar rumores sobre un informe no concluido en el que supuestamente aparece el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. También tuvo resonancia el informe patrimonial sobre Ábalos que la UCO envió al Supremo y en el que se atribuía un valor muy superior al real a un inmueble adquirido en Colombia por el ex ministro en 2003. El error dio pie al exdirigente socialista para abonar la idea de que era víctima de una supuesta cacería política. Al día siguiente, el responsable de la investigación envió un oficio al magistrado Leopoldo Puente en el que itía haber confundido el símbolo del dólar con el del peso colombiano.

El ruido se ha amplificado aún más al conocerse recientemente parte de los mensajes intercambiados en 2021 con un confidente por un antiguo oficial de la unidad que ahora trabaja para el Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso. En ellos, el capitán Juan Vicente Bonilla alentaba a su interlocutor a conseguir información comprometedora sobre los socialistas. Cuando en enero presentó en el Congreso sus alegaciones para evitar que se le retirase la inmunidad parlamentaria (algo que finalmente ocurrió), Ábalos citó precisamente el nombre de este antiguo oficial de la UCO en sus alegaciones y mostró su convencimiento de que se había puesto en marcha un operativo ex profeso para inculparle.

Todo este ruido ha creado un enorme malestar no solo en la UCO, sino en el resto de la Guardia Civil. “Nuestro pecado es hacer nuestro trabajo”, afirma airado un agente del instituto armado cuando se le pregunta por lo que está ocurriendo. “Una conversación de un agente con un confidente no puede enfangar a toda una unidad”, insiste. Y añade: “Que nadie busque oscuras conspiraciones en nuestras investigaciones, porque no las hay”. Varios uniformados consultados recalcan que los ataques a su trabajo no son nuevos. “No es la primera vez que unos presuntos delincuentes acusan de todo tipo de delitos a los agentes de la UCO para invalidar la investigación”, afirma uno. Y añade que, por ello, sus agentes ya tienen “callo” y no les afectan.

Tampoco las supuestas presiones políticas. En la UCO hay quien considera como tal la rueda de prensa que, en mayo de 2017, dio la entonces presidenta por el PP de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la que tildó un documento de la Guardia Civil en el que se la implicaba en el caso Púnica de “juicios de valor sin fundamento jurídico”. Un antiguo mando de la unidad rememora otro episodio, el que le tocó vivir con el popular Juan Ignacio Zoido cuando era ministro del Interior. “Un día llamó para felicitarnos por un informe sobre los ERE y, a la semana siguiente, lo volvió a hacer pero para calificar de ‘poco riguroso’ el que habíamos entregado en el caso Púnica que afectaba a de su partido”, detalla.

Para algunos agentes, las críticas de los últimos días, pero también otras más antiguas, se producen porque parece olvidarse un elemento fundamental sobre el funcionamiento de las fuerzas de seguridad: “Los agentes hacen lo que los jueces les ordenan o les autorizan; no van por libre”.

Tensiones con Marlaska

Nadie en el Gobierno ni en el Ministerio del Interior ha verbalizado abiertamente ninguna sospecha sobre la unidad, aunque la vicepresidenta María Jesús Montero, sin mencionarla expresamente, sí dijo que, en el caso de la difusión de los mensajes entre Sánchez y Ábalos, había que mirar hacia quién era responsable de su custodia en una implícita referencia a sus agentes. En privado, sin embargo, algunos cargos del departamento de Fernando Grande-Marlaska sí han empezado a hablar de un grupo de agentes en la unidad (algunos medios de comunicación han comenzado a referirse a ellos como la “UCO patriótica” que recuerda al grupo de policías que durante el Gobierno de Mariano Rajoy espió a los rivales del PP y cuyos deberán sentarse en el banquillo en 2026) que buscaría perjudicar al Gobierno de Sánchez. El uso de esa expresion causa enorme malestar en el instituto armado.

En medio de la tormenta, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, mantuvo este jueves una reunión en su despacho con el propio teniente coronel Balas y el jefe de la UCO, el coronel Rafael Yuste, para mostrarles su apoyo. No obstante, en la Guardia Civil algunos se lamentan de lo que califican tibia defensa de Grande-Marlaska. El ministro se pronunció sobre lo ocurrido en la rueda de prensa del último Consejo de Ministros, y dijo tener “la máxima consideración” hacia la UCO y “su profesionalidad” y recalcó que siempre actúa “bajo las directrices de las autoridades judiciales y del fiscal”. Palabras insuficientes para algunos agentes.

Estas mismas fuentes creen que esta supuesta tibieza del titular de Interior es el reflejo de la tormentosa relación que ha mantenido desde que asumió la cartera en el verano de 2018 con la Guardia Civil, el cuerpo que, 10 años antes, desarticuló el comando de ETA que tenía órdenes de atentar contra él cuando era juez de la Audiencia Nacional. Como han coincidido en calificarlo dos colaboradores del ministro consultados, el “pecado original” fue su decisión nada más ocupar la cartera de nombrar a un comisario de la Policía Nacional, José Antonio Rodríguez, para sustituir al coronel Juan Hernández Mosquera como director del Gabinete de Estudios y Coordinación, un puesto que convierte al que lo ocupa en el verdadero número tres operativo del Ministerio y que, hasta ese momento, siempre había ocupado un alto mando del instituto armado.

Este paso fue interpretado como una afrenta en la Guardia Civil y desencadenó una serie de acontecimientos que aún hoy escuecen en el instituto armado. En agosto de 2018, destituyó al también coronel Manuel Sánchez Corbí, que era entonces jefe de la UCO, tras la filtración a la prensa de un correo interno en el que criticaba la falta de fondos reservados. Y en mayo de 2020, cesó de manera fulminante al coronel Diego Pérez de los Cobos, que era el máximo jefe de la Guardia Civil en Madrid, tras conocer por la prensa que el instituto armado investigaba al director del centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón. En el núcleo duro del ministro se considera que estas decisiones ―la del coronel Pérez de los Cobos fue luego anulada por el Tribunal Supremo― siguen muy presentes en determinadas instancias del instituto armado.

Un diputado de la comisión de Interior del Congreso, que pide mantener el anonimato, asegura que, aunque a Grande-Marlaska nunca le ha oído decir una mala palabra sobre la Guardia Civil, sus asesores sí le han manifestado en conversaciones informales su impresión de que “había un problema” con el instituto armado. Sanchez Corbí abandonó la jefatura de la UCO en 2018 y hace cuatro años dejó la Guardia Civil y fichó por la empresa Acciona. “Es verdad que conserva buenos amigos en la unidad, pero su influencia en ella es nula”, señala un antiguo subordinado del mando. Pérez de los Cobos pasó a la reserva el pasado diciembre tras conseguir varias victorias judiciales sobre Grande-Marlaska.

En paralelo, las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han salido en bloque en apoyo de la UCO. Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil (la mayoritaria entre los agentes y fuertemente enfrentada al Gobierno), asegura: “Los compañeros de la unidad han demostrado siempre su independencia, rigor y compromiso con la sociedad, además de su determinación para destapar casos de corrupción, sin importar el color del Gobierno [...]. Cualquier crítica es simplemente ruido”. En el mismo sentido, Juan Fernández, de la AUGC, destaca: “La UCO siempre ha sido criticada y elogiada a partes iguales. Y es que, al igual que hay policía y ladrones, también hay buenos y malos, personas honradas y corruptas. Quienes critican a la UCO ya sabemos de qué lado están”.

Mientras, en la sede de la UCO, situada en un barrio a las afueras de Madrid, la palabra que más se repite estos días es “tranquilidad”. La orden es “abstraerse del ruido y seguir trabajando”, detalla un agente. “Si alguien quiere denunciar supuestas irregularidades en la actuación de la unidad, que vaya a un juzgado a denunciarlo”, señala un responsable del instituto armado, que interpreta las noticias conocidas en los últimos días como “un intento burdo para amedrentarles”.

Cuando se les pregunta por qué no han salido a defenderse de las acusaciones, la respuesta es simple: “Eso es cosa de los políticos. La Guardia Civil prefiere hablar a través de los informes que presentamos a los jueces”. Un agente ironizaba que, después de todo lo publicado estos últimos días, ya nadie podrá decir lo que el ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, le espetó al guardia civil que le alertó de que esta unidad le estaba investigando por el caso Púnica: “¿Qué coño es eso de la UCO?”.